Redacción
Durante una reciente conferencia de prensa, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, reconoció un aumento significativo en los hechos de violencia registrados en Guatemala en lo que va del 2025. Marzo fue señalado como el mes con mayor incidencia criminal en comparación con el mismo período del año anterior.
A pesar de este repunte, el funcionario intentó equilibrar la situación destacando una supuesta mejora en la capacidad de respuesta de la Policía Nacional Civil (PNC). Según Jiménez, los datos deben analizarse desde dos enfoques: uno objetivo —basado en cifras— y otro subjetivo, relacionado con la percepción ciudadana. Esta afirmación fue interpretada por algunos sectores como un intento por relativizar el impacto real de la violencia.
El peso de los homicidios y la narrativa oficial
Entre abril y mayo, el Ministerio reporta una leve disminución en los delitos, aunque no se detallaron cifras desglosadas. En contraste, la cantidad de homicidios cometidos con armas de fuego continúa en aumento. Solo en mayo se contabilizaron entre 30 y 34 crímenes de alto impacto, lo que ha generado alarma entre la ciudadanía.
Jiménez atribuyó esta escalada a enfrentamientos entre grupos criminales como la mara Salvatrucha y el Barrio 18, en medio de disputas por el control territorial. Agregó que la muerte de cabecillas de pandillas estaría generando “crisis internas” que se resuelven con más violencia.
Sin embargo, estas explicaciones han sido consideradas insuficientes por analistas en seguridad, quienes señalan la ausencia de una política integral y preventiva ante la criminalidad estructural. Además, el ministro sugirió que podrían existir “factores externos” fomentando la violencia, aunque no ofreció evidencia concreta. Esta declaración, sin sustento verificable, ha generado cuestionamientos sobre la falta de transparencia y profundidad en el diagnóstico gubernamental.
Extorsiones al alza y respuestas limitadas
Aunque el ministro aseguró que algunos delitos muestran una tendencia a la baja desde 2009, reconoció que la extorsión continúa en ascenso constante. Mientras tanto, la respuesta estatal se ha centrado en la creación de grupos especializados como el Grupo Especial contra las Extorsiones (GECE), cuya efectividad aún está por demostrarse en el contexto actual.
A pesar del panorama preocupante, Jiménez reiteró el compromiso del Gobierno con el combate a la criminalidad. No obstante, los hechos contrastan con el optimismo institucional, mientras la ciudadanía exige resultados tangibles y no solo discursos que intentan suavizar una realidad cada vez más violenta.
