Redacción
En conferencia de prensa, el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) hizo un llamado al Gobierno de Bernardo Arévalo para que se cumpla el Acuerdo Nacional para el Desarrollo Rural Integral y se ponga fin a la criminalización en contra de comunidades campesinas e indígenas.
Las y los líderes comunitarios denunciaron los desalojos forzados y procesos judiciales que afectan a las familias rurales que defienden sus tierras y medios de vida. En ese marco, exigieron el alto a la persecución de Leocadio Juracán, dirigente comunitario y defensor de derechos humanos, y señalaron que debe ser “el último preso político en Guatemala”.
“El Gobierno debe respetar los compromisos asumidos con las comunidades. No más desalojos, no más persecución contra quienes defienden el agua, la tierra y el territorio”, expresaron representantes del CCDA.
La organización recordó que el campesinado ha sido históricamente excluido de la política pública y reiteró que la vía del diálogo es fundamental para garantizar una vida digna en el campo guatemalteco.
Con esta acción, el CCDA reafirma su lucha por la justicia social, el acceso a la tierra y el respeto a los derechos humanos de las comunidades rurales.
