Redacción
Organizaciones comunitarias, autoridades ancestrales y defensores del medio ambiente han lanzado un comunicado el pasado 8 de julio del presente año en el que denuncian ante la opinión pública nacional e internacional la imposición de proyectos mineros en territorio guatemalteco sin consulta previa, libre e informada, como establece la ley y el Convenio 169 de la OIT.
La Coordinadora de Resistencias por la Protección de los Bienes Comunes, junto a la Resistencia Miteca y otras agrupaciones, presentaron el 28 de octubre de 2024 una denuncia formal al presidente Bernardo Arévalo, en la que exponen la grave situación ambiental y social derivada del modelo extractivista que, según señalan, ha generado corrupción, deterioro ambiental y violaciones sistemáticas a los derechos humanos en distintas regiones del país.
Los firmantes acusan al Estado de utilizar la ley como “instrumento punitivo” contra quienes defienden el territorio, mediante judicialización, campañas de estigmatización y persecución legal. Aseguran que, lejos de proteger a las comunidades, las instituciones estatales violentan derechos fundamentales y favorecen intereses económicos mediante la concesión irregular de licencias mineras e hidroeléctricas.
Entre los principales puntos exigidos, destacan:
- La suspensión definitiva de las actividades de minería de cantera (particularmente de areneras ilegales).
- La cancelación de licencias que operan sin consulta ni evaluaciones ambientales legítimas.
- El cumplimiento de la ley de aguas en favor de la protección de cuencas transfronterizas.
- La urgente ratificación del Acuerdo de Escazú, que garantiza derechos de acceso a la información, justicia ambiental y protección a defensores del medio ambiente.
Además, destacan que la minería afecta severamente los ríos y cuerpos de agua, incrementando enfermedades hídricas, contaminación, migración forzada y poniendo en riesgo la salud de generaciones futuras. Afirman que el modelo extractivista ha profundizado la pobreza en las últimas dos décadas, y que los pueblos originarios no han sido escuchados ni incluidos en los procesos de toma de decisiones.
Hacen un llamado al presidente Arévalo para frenar lo que califican como el “saqueo de los recursos naturales” y proteger el patrimonio nacional. Bajo la consigna: «Sí a la vida, no a la minería», reiteran su rechazo al modelo extractivo y su defensa por el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
